CONCLUYE LA REVISIÓN AL CONTRATO PARA REHABILITAR PARQUE "EL MEXICANITO", EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

Boletín #30
13 de julio de 2017

  • El ente revisado podría solventar dichos hallazgos en un plazo de 45 días hábiles, a partir de que sea notificada.

Derivado de la denuncia presentada por la Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, relativa a ocho conceptos de obra pagada y no ejecutada del contrato para la rehabilitación del parque Winston Churchill, también conocido como “El Mexicanito”, la Secretaría de la Función Pública (SFP)y la Contraloría General de la Ciudad de México realizaron diversas acciones, en el marco de sus atribuciones.

Como resultado de la revisión a dicho contrato, la SFP determinó hallazgos que podrían derivar en irregularidades en los montos pagados. El ente revisado tiene la posibilidad de aclarar dichos hallazgos, dentro de los 45 días hábiles a la notificación de estos.

En caso de no efectuar la aclaración correspondiente para su solventación, la Contraloría General de la Ciudad de México determinará las responsabilidades administrativas a que haya lugar.

Esto, luego de que la SFP emprendió una visita de inspección al parque, procedió a la integración del expediente correspondiente, a la recopilación de la documentación necesaria y a su análisis, en lo relativo a la transferencia de recursos federales del Ramo 23.

Por su parte, luego de una investigación por separado que comenzó en mayo de 2016, sobre los ocho conceptos denunciados, la Contraloría General determinó la existencia de responsabilidades administrativas para siete servidores públicos, derivadas de irregularidades administrativas en la ejecución del contrato. Cabe señalar que el alcance y objeto de la investigación realizada por la Contraloría General fueron distintos a la revisión de la Secretaría de la Función Pública.

Dichas acciones se llevaron a cabo en cumplimiento a lo dispuesto por el Sistema Nacional de Fiscalización, en el cual se establece un mecanismo interinstitucional de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno.

Asimismo, con estas acciones se refrenda el compromiso de estas dos instituciones, garantes de la rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, con el cumplimiento de sus atribuciones técnicas y de los ordenamientos jurídicos correspondientes.