GOBIERNO CDMX REALIZA SEGUNDA DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONSTRUCCIONES IRREGULARES

Boletín #24
22 de junio de 2017

  • El gobierno capitalino refrenda que las edificaciones deben cumplir con la normatividad
  • La finalidad de estas acciones de gobierno es aplicar la ley, combatir la corrupción y garantizar la seguridad ciudadana.

El Gobierno de la Ciudad de México realizó este jueves la demolición de dos niveles excedentes de la construcción ubicada en el número 106 de la calle Frambuesa, colonia Nueva Santa María, delegación Azcapotzalco.

La edificación fue verificada en materia de desarrollo urbano y uso de suelo, y se determinó que se excedía en dos niveles la zonificación permitida para el inmueble.

La demolición de pisos en construcciones que violentan programas de desarrollo urbano al rebasar el número de niveles permitidos por la ley, es una política integral a la que se da continuidad en la Ciudad de México.

Frambuesa 106 es la segunda obra intervenida como parte de este plan, pero es la primera que se logra mediante una denuncia penal.

En este caso, como consecuencia del expediente previo de verificación, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Ambientales (FEDAPUR) de la Procuraduría General de Justicia capitalina, derivada de la desobediencia del visitado para que se ejecutara la resolución que ordenó la demolición, así como por el quebrantamiento de sellos de clausura, y la violación al uso de suelo, explicó el Consejero Presidente del Instituto de Verificación Administrativa, Meyer Klip.

Como resultado de esa denuncia, se determinó el aseguramiento del inmueble, lo que permitió realizar la demolición de los dos pisos excedentes.

Para realizar esta labor, la Secretaría de Gobierno, a través de su Subsecretaría, lleva a cabo un trabajo coordinado con la Contraloría General de la CDMX, las secretarías locales de Desarrollo Urbano y Vivienda; Obras y Servicios, así como el INVEA y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

La finalidad de este trabajo apunta a detectar casos en los que se debe intervenir para ejecutar demoliciones. Hasta ahora, se ha determinado que 32 construcciones ameritan esta sanción, la cual se aplicará en cada caso de acuerdo con las etapas del procedimiento correspondiente.

En la demolición de esta mañana, en la colonia Nueva Santa María, estuvieron presentes la Secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro; el Subsecretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto; el Contralor General, Eduardo Rovelo Pico, y Klip Gervitz.

Mercado Castro recordó que la Ciudad de México necesita vivienda, porque hay una demanda, y ésta debe edificarse, pero con legalidad.

Llamó a los desarrolladores a ser buenos vecinos, explicar qué van a hacer y cómo van a proteger las edificaciones aledañas, y destacó el papel cada vez más importante de los gobiernos delegacionales: "su presencia va a ser muy importante para responderle a los ciudadanos" "Gracias a la vinculación interinstitucional y a la denuncia presentada ante la Procuraduría, se permitió el ingreso al inmueble para su demolición, toda vez que se acreditaron irregularidades en el procedimiento, quebrantamiento de sellos y que las acciones del director responsable de obra fueron en contravención a la ley", señaló Rovelo Pico.

La primera construcción fue intervenida el pasado 2 de junio. Se trató de la obra localizada en calle 1 número 49, colonia Espartaco, Delegación Coyoacán, en la que se dispuso la demolición de 2 niveles.

Las más de 30 edificaciones se ubican en las delegaciones Azcapotzalco, Coyoacán, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan.

La finalidad de estas acciones de gobierno es aplicar la ley y evitar accidentes. Por ello, se emprendió este esfuerzo coordinado para que las construcciones sean supervisadas, tanto por autoridades delegacionales como por las del gobierno capitalino.

En los casos en que se detecte una obra irregular, se aplicarán las sanciones administrativas o penales correspondientes, así como las medidas de seguridad necesarias para las personas que laboran o habitan alrededor.

El gobierno capitalino protege los derechos ciudadanos y refrenda su compromiso de detener las construcciones que no cumplan con la normatividad, con el reconocimiento de que en una ciudad viva, el desarrollo urbano debe continuar.